La decisión del Gobierno nacional de reducir el precio del bioetanol provocó el rechazo generalizado entre los empresarios que producen azúcar y alcohol de caña en Tucumán. El industrial Jorge Rocchia Ferro anticipó a LA GACETA que entre el lunes y el martes próximos se realizará una presentación judicial para impedir la medida, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación.
La administración a cargo de Mauricio Macri, a través de la resolución 435-E/2017, publicada en el Boletín Oficial, dispuso una reducción del 29% en el precio del bioetanol de caña. Desde ayer, la baja llega al 15% y a partir del 1 de febrero se aplicará otra disminución del 14%. Los primeros cálculos en el sector sucroalcoholero consideran pérdidas de hasta $ 2.000 millones en la actividad si prospera la medida.
"Estamos juntando toda la documentación para que los abogados realicen la presentación ante la Justicia sobre esta decisión nacional que vulnera las reglas del juego y que ponen en riesgo a las economías regionales del NOA", precisó Rocchia Ferro.
El industrial cuestionó a funcionarios nacionales con quienes se reunieron la semana pasada sin informar lo que tenían preparado. “Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que hasta 2021 no había cambios; sentimos que nos han metido la mano en el bolsillo”, sostuvo el titular de la Compañía Azucarera Los Balcanes y vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes.
“Estábamos hablando de acuerdos sectoriales y nos quitan un 29%, desde ayer un 15% y desde febrero un 14%. Lo que a las empresas le quitan previsibilidad y horizonte. Nos sentimos defraudados, traicionados. Tenemos a nuestras espaldas 250.000 trabajadores en la región. Lo que han hecho no corresponde ni está dentro de lo que dice la Ley, no hay seguridad jurídica”, remarcó.
Por último bregó para que no se repita “la tremenda situación del año 1966 cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires” debido al cierre de 11 ingenios que propició el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
JORGE ROCCHIA FERRO. LA GACETA / FOTO DE INES QUINTEROS ORIO
“En este momento el norte debe juntarse para luchar contra esta medida tremendamente injusta” pidió Rocchia Ferro y destacó el acompañamiento del gobernador Juan Manzur, quien ya se manifestó en contra de la resolución.
Bebidas azucaradas
La actividad azucarera también se vería afectada si prospera el proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo Nacional enviará en pocos días al Congreso. Uno de los puntos de la iniciativa refiere al azúcar como insumo de bebidas: "el consumo de productos perjudiciales para la salud tiene costos individuales y costos sociales (daños a terceros, gastos del sistema de salud). Proponemos desincentivar su consumo a través del aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado".
Rocchia Ferro dijo que este proyecto también es perjudicial para la actividad sucroalcoholera, pero anticipó que quedará para una segunda etapa. "Ahora, lo más importante, lo urgente, es la baja del precio del bioetanol, porque está vigente desde ayer. Luego nos ocuparemos del tema de las bebidas", cerró.